Low-emission Zones in Spain

La ZBE de Tarragona se implantará el 1 de enero de 2023 y tendrá un proceso gradual:

Durante el primer año se limitará a la señalización de las áreas afectadas y se informará y concienciará a los conductores, pero sin llegar a imponerse sanciones.

Durante la segunda fase esta se ampliará, incluyendo el hospital Joan XXIII y todas las áreas del Centro de Urbanización Territorial hasta el río Francoli.

Mientras que la tercera fase incluirá el resto de la ciudad, con la excepción de áreas industriales y comunidades aisladas.

Actualmente el proceso se encuentra en la redacción del proyecto de ZBE.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha puesto a consulta pública la implantación de una ZBE en el casco urbano a partir del 1 de enero de 2023, aunque prevé establecer una moratoria de 18 meses para su implantación efectiva.

Según el propio consistorio, “el área será de tan solo 0,6 km cuadrados, donde se permitirá la circulación de vehículos con etiqueta ECO o CERO” así como a residentes, trabajadores, empresarios y carga/descarga.

Desde el Ayuntamiento insiste en que el objetivo de esta medida es “proteger la calidad del aire de la ciudad y por tanto la salud de sus ciudadanos”

Las previsiones municipales son que en julio se adjudique y el 30 de diciembre se hayan acabado las pruebas para que el día de Nochevieja se active la ZBE. De este modo, Ciudad Real cumpliría con la prerrogativa de que en 2023 esté activa la ZBE, el 1 de enero, con cámaras con reconocimiento de matrículas y una app de gestión. 

Existirán 3 “controles” de regulación de acceso para acceder a ella:

Un entramado de cámaras que detecte “automáticamente los accesos indebidos, así como aportar las pruebas necesarias para tramitar la correspondiente denuncia por la infracción cometida”

Una plataforma en la que los ciudadanos puedan pedir autorización de acceso o se observe la ocupación de aparcamientos y los niveles de contaminación.

Una app que «permitirá la consulta de información sobre ocupación y disponibilidad de plazas y saber de antemano que va a tener espacio para aparcar»

As from 1st June in Gijón, all cars entering the Asturian city must have their DGT environmental label stuck to the windscreen or they could be fined 90 euros.

This economic fine will not be accompanied by the immobilisation or towing away of the car by a municipal tow truck, but it has been criticised by the opposition as a tax-collecting measure.

In this way, as regards all vehicles that can display the DGT sticker, if they wish to enter Gijón from now on, they need the label on the windscreen. To be precise, this means that all petrol-powered cars registered from the year 2000 onwards and all those equipped with a petrol engine registered as from 2006 onwards can display it.

This affects 71% of vehicles in Gijón and it applies to all vehicles from other Autonomous Communities.

This measure affects a motorcycle fleet that is estimated at 23,000 units, and there is already a considerable increase in requests for these stickers from the Post Office.